TRASPARENCIA

IGNACIO SUBÍAS                                       Mediterráneo, 27-03-12

El gobierno central presentó el viernes la futura ley de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Es evidente que planteado así es una buena noticia, el que las administraciones se vean obligadas por ley a responder ante los ciudadanos de forma clara, trasparente y rápida. De hecho contemplara que todas las administraciones deban de responder en un plazo de un mes, así mismo se castigará a los cargos que falseen las cuentas, oculten datos y no se podrán asumir compromisos sin presupuestos y el incumplimiento a sabiendas y reiterado de déficit o deuda podrá llevar también a sanciones.

Es una ley necesaria, conveniente, pues todo aquello que suponga una mayor claridad y obligue a los poderes públicos a ser trasparente ante los ciudadanos constituye un ejercicio que da mayor seguridad sobre las actuaciones de los responsables públicos.

No puedo evitar al leer éste anteproyecto de ley, el realizar una traslación de la situación que se vive en la comunidad Valenciana en relación con éstos aspectos. El P.P. tiene una enorme capacidad para eludir responsabilidades y hacer como si las cosas no fueran con ellos. Estoy convencido que los responsables políticos del P.P. en ésta comunidad se congratularan de ésta próxima ley, sin un atisbo de autocrítica, en una administración lenta, opaca, resistente a dar la información que se les solicita desde hace tiempo, pues desde el partido socialista venimos pidiendo informes y documentos  para intentar aclarar actuaciones del gobierno Valenciano y el silencio o la negativa ante muchas de las solicitudes, es la norma del P.P. Si ante temas más sencillos y que debieran de formar parte de las normas de funcionamiento del parlamentarismo y de las instituciones democráticas, como son las preguntas semanales de control al gobierno, son obviadas o respondidas con evasivas, en general no respondiendo a lo que se les pregunta. Resulta difícil de creer, que de repente reflexionen, cambien y comiencen a cumplir con su obligación de trasparencia.

Desde luego si a los ciudadanos que soliciten información se les conteste en un mes, tendrán más suerte que los diputados que hoy realizamos preguntas y que además de tardar más de ese mes, se nos contesta con respuestas que suponen un insulto a la inteligencia, por su falta de claridad y de concreción.

Me imagino que los responsables del gobierno Valenciano, estarán preocupados ante el incumplimiento de déficit o de la deuda, pues recordemos que somos la segunda comunidad con más deuda. En fin mucho tendrá que  cambiar el gobierno Valenciano para poder adaptarse a las necesidades que plantea esta futura ley.

Mientras el señor Rajoy hablaba de los enchufados, saltaba a la luz como diversos familiares  de altos cargos del P.P. podrían estar en empresas públicas, recordar que esto de la ética y la estética no estaría demás aplicarlo adecuadamente además de la ley.

El gobierno Valenciano dio luz verde al anteproyecto de ley por el que se aprueba la carta de derechos sociales de la comunidad que contemplaran derechos y principios que constituirán parte de la actuación en cuanto a políticas sociales. Pues bien he de mostrar la máxima indignación, ante la exclusión en ésta carta de derechos como la sanidad, la educación o ciertas prestaciones sociales. Creo que no es casual y entra a formar parte de la concepción que tiene el P.P., confirmando su política de recortes que afectan a derechos básicos, poniendo en peligro el estado del bienestar.