RAJOY CONTRA EL CORREDOR

AMPARO MARCO                                     Mediterráneo, 28-03-12

En los últimos años, las instituciones públicas, la patronal y la sociedad civil habían alcanzado un acuerdo tácito para reivindicar el Corredor Mediterráneo. Es una infraestructura estratégica y todos teníamos claro que debía realizarse en el plazo de tiempo más breve para que la economía de Castellón tuviera una vía de comunicación preferente con Europa. Hasta los partidos políticos habían aparcado sus diferencias y habían mantenido una actitud de consenso.

Pero el Gobierno central ha roto ese consenso. Ha sido una decisión que ha traicionado a Castellón y a la Comunitat Valenciana. El Partido Popular no quiere que el Corredor Mediterráneo sea una infraestructura estratégica y apuesta por el eje central. Madrid, Castilla-la Mancha, Extremadura y Aragón han presionado al presidente del Gobierno para defender sus intereses particulares y están poniendo en cuestión el futuro del eje mediterráneo.

España fue el único de los 27 Gobiernos que votó en contra de que la Unión Europa financiera el Corredor Mediterráneo. Sinceramente, no hay excusa para una decisión política así. Los castellonenses no entendemos que nuestro propio Gobierno, que en teoría tiene la obligación y la responsabilidad de apoyarnos, sea el que haya boicoteado el proyecto.

No se entiende que el que ponga los palos en las ruedas sea tu propio país. Las instituciones públicas, la patronal y la sociedad civil tenemos que pedir explicaciones por una decisión que atenta gravemente contra el futuro de Castellón. El Ayuntamiento de Castellón, la Diputación Provincial y la Generalitat han trabajado duro en los últimos años para poner en primer plano esta reivindicación. Un objetivo que se consiguió hace unos meses y que abría la posibilidad de que el Corredor Mediterráneo comience a ser pronto una realidad.

Castellón siempre ha estado marginado de las grandes inversiones. Pero hay que romper con esa tendencia. El progreso de Castellón depende de que todas las administraciones públicas aporten las inversiones que nos merecemos. Es una reivindicación de justicia que todos, sin excepciones, debemos asumir. Nos estamos jugando el futuro y hay que lucharlo al máximo.