AMPARO MARCO Mediterráneo, 19-04-21012
La deuda de la Generalitat es una demostración de insolidaridad hacia los más débiles. Ahoga la capacidad financiera de los ayuntamientos y frena la promoción económica de la ciudad. Es lo que les está pasando con los impagos de la Generalitat. Mientras el Gobierno valenciano dilapidaba el dinero público en grandes eventos de dudosa rentabilidad, se negaban las transferencias que ciudades como Castellón necesitaban para sufragar una parte importante del Estado del bienestar que todos hemos disfrutado hasta ahora.
Hasta hace poco, la deuda de la Generalitat con Castellón sumaba 8,7 millones de euros. Ahora, esa cantidad se ha incrementado y ronda ya los 13 millones de euros. El Ayuntamiento de Castellón se ha visto obligado a asumir el pago de grandes infraestructuras cuya financiación era compartida con la Generalitat, como el Palau de la Festa, o la Ronda Norte. Y a estas deudas puntuales se une la deuda histórica, la de los proyectos cuya financiación se ha comprometido pero no se ha presupuestado. Estamos hablando de unos 250 millones de euros. Y si sumamos lo que nos prometieron del Fondo de Cooperación Municipal, la deuda final asciende a 419 millones. La Generalitat nos debe 2.327 euros a cada castellonense.
La bola de impagos se comenzó a acumular en los años de bonanza y ahora, en el epicentro de una grave crisis económica e institucional, no tiene una fácil solución. El panorama económico valenciano es de una trágica bancarrota. En la Comunitat Valenciana, la crisis económica se une a la crisis política: el desgobierno ha generado pérdida de oportunidades y pérdida de riqueza.
Y el gran problema, en la política valenciana de hoy, es que hemos puesto al zorro a cuidar del gallinero. Alberto Fabra se despidió de la alcaldía de Castellón con un balance negro. Mostró una gran cobardía política para exigir a la Generalitat que cumpliera sus compromisos, con lo que agravó el problema de financiación municipal. Aunque hay que reconocerle un mérito: la nula capacidad de reivindicación para exigir más inversiones ha permitido que la deuda acumulada en estos momentos no sea el doble o el triple de lo que podía ser.
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