IMPOSIBLE

IGNACIO SUBÍAS                                         Mediterráneo, 17-04-21012

El derecho a la salud es un derecho de ciudadanía, que nos permite acceder al modo que tengamos de vida de la manera más libre posible.

El sistema sanitario que tenemos en la actualidad ha sido una conquista de la sociedad en general, que hemos sido capaces de darnos sobre todo a partir de los años 80 consiguiendo una serie de reformas, así como la consolidación de un sistema público de salud que corrigió desequilibrios territoriales, modernizando la red sanitaria, desarrollando un proceso de descentralización, mejorando la accesibilidad y se apostó por un modelo sustentado en la atención integral de la salud. Todo ello ha llevado a un sistema cuyos objetivos eran el ser eficaces, eficientes, equitativos es decir que todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades de acceso y utilización del sistema, la universalización, los servicios de alta calidad, la gestión y la financiación públicas y la sostenibilidad.

Los ciudadanos nos hemos sentido en general seguros con  nuestro sistema sanitario, con enormes garantías, pero que en los últimos tiempos, sobre todo en aquellas comunidades gobernadas por el P.P., se han tomado decisiones como la mercantilización y la privatización progresiva, que podrá llevar a un sistema dual, con pérdida de derechos sobre todo para aquellos que tienen menos recursos y que más lo necesitan.

El P.P. está imponiendo un modelo que puede desequilibrar el sistema, además lo está haciendo en contra de sus compromisos. Dijeron que no recortarían en sanidad y cada decisión que toman la justifican diciendo que son medidas de eficiencia, de ajustes. No es verdad, están recortando de forma severa y sin duda ya se están comenzando a padecer las consecuencias.

Así en nuestra comunidad el decreto 1/2012 y las medidas de ajustes ( recortes ) anunciadas, suponen un auténtico atentado contra el sistema sanitario público. Quiero recordar que estas medidas suponen un recorte de 1057 millones de euros, de los cuales unos 530 afectan a sanidad, tanto a derechos laborales, salariales, como a los derechos de los ciudadanos como usuarios. Ciertamente son recortes muy difíciles de asumir, sin que conlleven fuertes deterioros del sistema. Nuestra comunidad tiene además graves problemas, entre otras razones por culpa de un gobierno del P.P. que han despilfarrado, nos han endeudado hasta límites inaceptables, siempre justificándolo desde el P.P. con una hábil política mediática y victimista.

La realidad es que nuestro PIB perdía el doble y hemos crecido casi la mitad que la media de las comunidades, nuestra deuda respecto al PIB es del 21,6%, mientras que la media del resto de las comunidades es del 14,4%. No ha habido rigor, como puede ser que en sanidad se estén revisando más de 300.000 facturas no contabilizadas y pendientes de pago.

En esas estamos, cuando anuncian desde el gobierno central un nuevo recorte de 10.000 millones de euros que afectara a sanidad y educación, sin especificar, sin justificar en qué y a nuestra comunidad le afectará en más de 1.000 millones ( unos 700 en sanidad ) y todo ello ante la complacencia y comprensión entre otros del presidente Fabra.

Miren, no es posible, qué expliquen cómo lo van a hacer. Nos vamos a encontrar con tremendos recortes, que afectaran al sistema y a las prestaciones que reciben los ciudadanos. El P.P. está sobrepasado, incapaz de defender las conquistas sociales que se habían consolidado, han traspasado la línea roja de los derechos de los ciudadanos y crearan un sistema dual sanitario, si no se impide.