RETROCESOS

IGNACIO SUBÍAS                               Mediterráneo, 22-01-2013

Cuando me senté para escribir este artículo, reflexionando sobre los acontecimientos de los últimos días, la verdad es que se acumulaban lamentablemente situaciones injustificables y por las que evidentemente hay que pedir responsabilidades. Repasando nos encontramos desde el cúmulo de penas e inhabilitaciones solicitados por la fiscalía a responsables del P.P. en la Comunidad Valenciana, donde cada vez se hace más necesario exigir no solo trasparencia, si no decisiones contundentes por parte del presidente de la Generalitat, que no puede seguir ni un día más sumido en la ambigüedad o como dicen a esperar a las decisiones judiciales, resulta una obviedad, pues solo faltaría  que no se respetaran. Pero en política la claridad y las responsabilidades deben de ir más allá, pues las actuaciones deben de ser ejemplarizantes y la situación está llegando a tal punto que para generar credibilidad ante los ciudadanos es necesaria una regeneración contundente y un cambio en las actitudes.

A ello se suma lo que podemos denominar el caso Bárcenas, todo parece indicar que acumulo una fortuna difícil de justificar y según se ahonda en el proceso cada vez se complican más las cosas , desde el P.P. deben de aclarar todas las dudas que se están generando y deben de abrir además una investigación que clarifique estas situaciones y desde luego se produzcan las responsabilidades a las que hubiere lugar de forma inmediata.

La vida pública no puede estar salpicada de estos elementos que distorsionan el normal funcionamiento de las Instituciones y provoca un alejamiento de los ciudadanos de la política y de los políticos. En nombre de la honradez, la ética, la legalidad y la política con mayúsculas hay que exigir explicaciones, trasparencia y medidas contundentes.

Junto a todos estos lamentables acontecimientos, se siguen tomando por parte de los gobiernos del P.P. decisiones que suponen cada vez más recortes en derechos y que llevan a enormes problemas a los ciudadanos, que ven como cada vez tienen mayores dificultades para acceder a prestaciones sociales que antes tenían garantizadas. Así los discapacitados tendrán que copagar por diversas prestaciones ( medicamentos, prótesis externas,..), de las que hasta ahora estaban exentos y que sin duda se agravara más la situación de estas personas, que a su problema de base deberán de unir los recortes que les han implantado desde el P.P. de forma injusta y que les dificultara acceder a derechos previos. Resulta terrible e injustificable.

Otro ejemplo es el cierre de servicios de urgencia, que salta a los medios tras el cierre de 21 puntos de urgencia en Castilla la Mancha, que afectara a más de 120.000 personas, pero quiero recordar que estas medidas ya se tomaron en nuestra Comunidad este verano en 4 poblaciones de la Marina Alta y resulta muy preocupante que en la actualidad cuando se le pregunta al Conseller de sanidad, contesta con una ambigüedad que genera más preocupación y que deja entrever la posibilidad  del cierre de algunos servicios de urgencias.

Se afectaría a la seguridad de los ciudadanos, generará miedo, inseguridad, incertidumbre, dolor e impotencia ante medidas que pueden poner en riesgo la salud de las personas y que recaerán sobre los más necesitados  los mayores,  los enfermos y  las zonas rurales.

Todo ello supone un enorme retroceso de años en muchos sentidos.