CARME SANTAMARÍA
Desde la Secretaría de Igualdad del PSPV-PSOE de Castellón,
queremos expresar nuestro más absoluto rechazo ante el anuncio realizado por el
ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón de suprimir el supuesto que permite
interrumpir voluntariamente el embarazo por anomalías del feto, dentro de las reformas
previstas a la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, una ley que
“consagra el derecho a elegir la maternidad” y que se inspira en las leyes de
plazos dominantes en Europa; una ley de libertades, y no de obligaciones.
Esta medida, supone un ataque –otro más- a las mujeres, a las
que se les priva del derecho y de la libertad de decidir sobre su propia
maternidad. Una decisión que nos sitúa en un escenario ni siquiera comparable
al de 1985 y que amenaza con una penalización total que nos retrotrae a los
años de la clandestinidad, y la total inseguridad sanitaria y jurídica de las
mujeres y también de los profesionales de la sanidad. Una propuesta que conllevará la condena de
prisión a las mujeres que aborten y a los profesionales que los practiquen. Una
propuesta que es una concesión a los sectores más ultra católicos y a la
derecha más reaccionaria.
Consideramos estas declaraciones como un ataque al derecho de
las mujeres a disponer de su propio cuerpo, tal y como recoge el apartado sobre
derechos sexuales y reproductivos de las Naciones Unidas, en el que impedir a una mujer
abortar, si así lo desea, es una privación de su libertad y una negación del derecho a controlar su
propio cuerpo, y que nos pone a la cola de Europa en cuanto a derechos y
libertades de las mujeres junto a países como Irlanda y Malta.
Consideramos que el ministro Ruiz- Gallardón carece de
autoridad moral para legislar sobre una decisión tan íntima, personal y
dolorosa a añadir si cabe a la que supone ya en si un aborto.
Consideramos que el ministro Ruiz- Gallardón carece de
autoridad moral para obligar a una mujer a pasar por el sufrimiento y el dolor
que supone ver nacer, crecer y casi siempre morir a un hijo con una grave
discapacidad cuando esto podría haberse
evitado. Es una decisión que sólo las madres y las familias ante las que se
presenta semejante drama deben tomar en libertad.
Consideramos que el ministro Ruiz-Gallardón carece de
autoridad moral cuando forma parte de un Gobierno que acaba de derogar “de
facto” la Ley de la Dependencia, que obliga al cierre por impagos de centenares
de centros de discapacitados, que está abocando a la exclusión social y a la
marginación a miles de personas con
diversidad funcional y a sus familias.
No entendemos la preocupación del ministro Ruiz-Gallardón por “proteger los derechos de los concebidos con
algún tipo de malformación o minusvalía”, cuando desde su Gobierno se ha
abandonado completamente a su suerte a las personas con diversidad funcional
nacidas y vivas y a sus familias.
Por
todo ello, nos oponemos radicalmente a estas medidas y a otras futuras que
puedan ser adoptadas y que vayan en contra del derecho de la mujer a la maternidad libremente decidida, que
implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial
sobre su embarazo y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada
con todas las garantías.
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