CARME SANTAMARÍA Levante, 14-12-21012
Este viernes 14 de diciembre se cumple el 6º Aniversario de
la aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Con
esta Ley, aprobada por el Gobierno Zapatero,
se reconocía el derecho de las personas que, por encontrarse en
situación de especial vulnerabilidad necesitaban apoyos para desarrollar las
actividades de la vida diaria, a recibir la atención necesaria de los Poderes
Públicos. Se intentaba así, reflejar la
preocupación del Estado por las personas que no podían valerse por sí mismas
y estaba llamada a convertirse en el
cuarto pilar del Estado del Bienestar.
Seis años después, sin embargo, no tenemos nada que celebrar.
Antes de las elecciones, el candidato Mariano Rajoy anunciaba en una entrevista
en El País que la “Ley de la Dependencia no era viable”. Desgraciadamente, es
el único anuncio electoral que ha cumplido el PP desde su llegada al poder: el
desmantelamiento de la dependencia y de los servicios sociales. En la Comunitat
Valenciana hay 68.116 personas con derecho a la dependencia; 44.249 ya están
cobrando la prestación, mientras que
otras 23.867 se encuentran en el “limbo de la dependencia”, es decir,
con su derecho reconocido, pero sin recibir las ayudas, a lo que hay que añadir
que, en nuestra Comunitat, a diferencia de otras, no se ha reconocido jamás la
retroactividad si no ha sido acudiendo a los Tribunales y obligando a los
dependientes a judicializar un derecho que debería haberles venido reconocido
directamente por la Administración.
El pasado mes de julio, el gobierno aprobaba el Real
Decreto-Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad que suponía el tiro de gracia a la Ley de la
Dependencia, y la muerte, en la práctica de esta Ley, por falta de
financiación. En él, se anunciaban una
serie de medidas desalmadas y crueles, impropias de un estado de derecho, entre
ellas:
1.- LA REDUCCIÓN DE LAS PRESTACIONES económicas por cuidados en el entorno
familiar en un 15% y LA ELIMINACIÓN de las compatibilidades entre servicios, lo
que impide la atención personalizada a las personas dependientes.
2.- LA
ELIMINACION DE LAS COTIZACIONES DE LAS CUIDADORAS NO PROFESIONALES, que además deberán
vivir obligatoriamente con el dependiente.
En la Comunitat Valenciana esta medida afecta a alrededor de 16.121
cuidadoras, mujeres que en muchos casos dejaron sus trabajos para cuidar de sus
familiares dependientes y que se encuentran ahora sin trabajo, sin posibilidad
de reincorporación al mercado laboral y sin cotizar para cobrar en el futuro
una pensión de jubilación. Mujeres que han sacrificado sus vidas profesionales
y personales en un gesto de infinita generosidad. No hay dinero en el mundo que
pague este sacrificio, lo que subraya aún más la mezquindad y vileza de esta
medida.
3.- El establecimiento del COPAGO: si el dependiente recibe
una plaza en una residencia o en un centro de día deberá pagar parte de su
coste, pudiendo llegar hasta el 90% en función de su capacidad económica hasta
tener que incluso ¡hipotecar! su
vivienda en un 5% de su valor catastral, siempre y cuando en el domicilio no
vivan personas a su cargo.
4.- La ampliación del periodo de ampliación de la ley hasta
dos años SIN GENERAR RETROACTIVIDAD en lugar de los seis meses actuales, plazo
más que suficiente para que muchos ciudadanos MUERAN sin llegar a recibir jamás
las ayudas.
5.- Los dependientes MODERADOS NO ENTRARÁN EN EL SISTEMA
HASTA 2015 con el falso pretexto de atender mejor a los grandes dependientes y
dependientes severos, hecho que ha demostrado ser FALSO, ya que no se están
sustituyendo las bajas en el sistema.
También SE ELIMINAN LOS NIVELES: sólo
quedarán los GRADOS III y II. Con esta medida es muy posible que por ahorrarse
unos euros personas consideradas Grandes Dependientes sean valoradas como
Dependientes Severos, reduciéndoles así la prestación económica a percibir.
A todo esto hay que añadir los innumerables y continuos
impagos de la Generalitat a los servicios públicos o entidades privadas que
prestan servicios sociales financiados por esta y que están llevando a sus
trabajadores a situaciones de asfixia laboral y a los colectivos que atienden a
una situación de verdadera alarma social.
Los dependientes han llegado a acumular retrasos en los pagos de hasta
cuatro meses. No se conoce el caso de ningún político valenciano que haya
estado cuatro meses sin cobrar. Hace
unas semanas, percibieron las mensualidades de agosto y septiembre, quedando
todavía pendientes las de octubre, noviembre y pronto diciembre. La Conselleria
ignora cuándo podrá hacer frente a estos pagos.
Hace unos días se anunció el relevo en la Conselleria de
Bienestar Social que está ahora en manos de la señora Asunción Sánchez
Zaplana. Sería una demostración de buena
voluntad y comenzaría con buen pie su andadura, que tanto la Consellera como el
President Fabra se prestasen a recibir a las Plataformas por la Dependencia y establecer con ellas compromisos
firmes en esta materia, así como un calendario fijo de pagos.
Mientras se piense que la aplicación de la Ley de Dependencia es un
“gasto inviable” y no una inversión social, seguiremos abocando a la exclusión
social a los dependientes y a sus familias, sobre todo a las mujeres. Y
mientras los dependientes que no puedan costeárselo se verán abocados a la
caridad, otros harán negocio con la privatización de los servicios sociales. Ya
han comenzado.
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