UNA LEY QUE SEGREGA A LA EDUCACIÓN

NUÑO JIMÉNEZ                                    Levante, 24-10-2013

La ley estrella del PP ha devenido en soledad parlamentaria; también el Consejo de Estado le ha dado la espalda a la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, como así recomienda el Consejo de Europa, al igual de la incorporación de una 3ª hora de Educación Física a la que esta ley hace caso omiso. Incluso va más allá, al eliminar de facto la Educación Física de los planes de 2º de bachillerato.

Esta ley, sancionada dos días antes de la celebración de la fiesta nacional, es, quizá, la ley más antipatriota que haya podido existir, por no apoyarla ningún partido más que el que gobierna, por ir contra el ámbito competencial de las Autonomías, no dejándolas proponer contenidos ni continuar con la inmersión en su lengua autóctona, por ir contra el espíritu democrático, en especial respecto a las direcciones de los centros, y por ir contra los tiempos que corren, en un momento en que los seminarios se vacían por una laicidad que consagra la Constitución, mientras la nueva ley incorpora la religión como asignatura equiparada a Matemáticas para la media final que da acceso a la carrera escogida o a una beca, con un marcado sesgo ideológico propio de tiempos pretéritos, mezclando lo moral con lo estrictamente académico.

La segregación que instaura esta ley es multilateral, al discriminar por sexo y religión  en los centros que así lo establezcan al poder ser subvencionados por el Estado, algo que no consagra ni la Constitución ni las sentencias judiciales. Segregación, así mismo, al no ofrecer igualdad de oportunidades con unas reválidas que clasifican en 3 ocasiones a lo largo de la educación obligatoria, no detectando errores más que para hacer abandonar de los estudios a quienes se desvíen o no tengan oportunidades alternativas para costearse los estudios, especialmente en 3º de ESO, sin posibilidad de obtener el Graduado de ESO. Con ello, se desvía prematuramente a gran parte del alumnado a una FP que se la denigra e infravalora sin los recursos que tanto necesita. Hoy día, finalizando 4º de ESO, gran parte no obtiene plaza en FP y al menos ahora disponían de la oportunidad de seguir formándose en centros de secundaria, algo que no ocurrirá a partir de ahora en esa edad crítica que son los 16 años, lo que les empuja forzosamente a un mercado laboral esclerotizado y desregulado salvajemente por la última Reforma Laboral.

La segregación es también económica: se traduce en una reducción de 3000 a 2000 millones destinados a educación anualmente desde la llegada de Wert, con una financiación para la nueva ley de 1300 millones que pretende sustituir a otra dotada con más de 5300 millones, estando muerta antes de nacer. Si a ello se le añade que CCAA como Andalucía, Cataluña, País Vasco o Canarias retardarán o recurrirán su aplicación en lo posible, y que la mayoría de la oposición se compromete a derogarla a la menor oportunidad, tira por tierra cualquier atisbo de un sistema educativo estable y duradero en décadas, como cualquiera que se precie en democracia.

Se recordará a esta ley de educación como aquélla que no potenció las enseñanzas del futuro, como las ciencias de la información, ni hizo pensar al eliminar la Filosofía y la Historia, o desecha las Enseñanzas Artísticas. La que no incorporó la necesaria educación del consumidor y financiera, dotando de formación en derechos frente a los fraudes comerciales y financieros, en un país en donde estos proliferan. O la que obvia una verdadera educación del ocio orientada a crear hábitos de vida saludable, que suponga un ahorro sanitario y una mejora del bienestar social, lo que redunda en mayor productividad pero también uso saludable del tiempo libre frente al abismal desempleo rampante.

Por último, el aumento en becas anunciado por Wert, choca frontalmente con las restricciones que él mismo establece para su acceso, lo que provoca realmente que o bien unos pocos reciban mayor cantidad en detrimento de la mayoría o que se enjuague, en realidad, con el aumento de las tasas, por lo que no supondrá más que una puerta giratoria que retorna esos recursos al propio estado y no permite una verdadera igualdad de oportunidades para todos y todas, como se consagra en esta ley fallida de partida en cada punto y cada coma.