NUÑO JIMÉNEZ Levante, 24-10-2013
La ley estrella del
PP ha devenido en soledad parlamentaria; también el Consejo de Estado le
ha dado la espalda a la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, como así recomienda el Consejo de Europa, al igual de la
incorporación de una 3ª hora de Educación Física a la que esta ley hace caso
omiso. Incluso va más allá, al eliminar de facto la Educación Física de los
planes de 2º de bachillerato.
Esta ley,
sancionada dos días antes de la celebración de la fiesta nacional, es, quizá, la
ley más antipatriota que haya podido existir, por no apoyarla ningún partido
más que el que gobierna, por ir contra el ámbito competencial de las Autonomías, no dejándolas proponer contenidos ni continuar con la inmersión en
su lengua autóctona, por ir contra el espíritu democrático, en especial
respecto a las direcciones de los centros, y por ir contra los tiempos que
corren, en un momento en que los seminarios se vacían por una laicidad que
consagra la Constitución, mientras la nueva ley incorpora la religión como
asignatura equiparada a Matemáticas para la media final que da acceso a la
carrera escogida o a una beca, con un marcado sesgo ideológico propio de
tiempos pretéritos, mezclando lo moral con lo estrictamente académico.
La segregación que instaura esta ley es
multilateral, al discriminar por sexo y religión en los centros que así lo establezcan al
poder ser subvencionados por el Estado, algo que no consagra ni la Constitución ni las sentencias judiciales. Segregación, así mismo, al no
ofrecer igualdad de oportunidades con unas reválidas que clasifican en 3
ocasiones a lo largo de la educación obligatoria, no detectando errores más que
para hacer abandonar de los estudios a quienes se desvíen o no tengan
oportunidades alternativas para costearse los estudios, especialmente en 3º de
ESO, sin posibilidad de obtener el Graduado de ESO. Con ello, se desvía
prematuramente a gran parte del alumnado a una FP que se la denigra e
infravalora sin los recursos que tanto necesita. Hoy día, finalizando 4º de
ESO, gran parte no obtiene plaza en FP y al menos ahora disponían de la
oportunidad de seguir formándose en centros de secundaria, algo que no ocurrirá
a partir de ahora en esa edad crítica que son los 16 años, lo que les empuja
forzosamente a un mercado laboral esclerotizado y desregulado salvajemente por
la última Reforma Laboral.
La segregación es también económica: se
traduce en una reducción de 3000 a 2000 millones destinados a educación
anualmente desde la llegada de Wert, con una financiación para la nueva ley de
1300 millones que pretende sustituir a otra dotada con más de 5300 millones,
estando muerta antes de nacer. Si a ello se le añade que CCAA como Andalucía,
Cataluña, País Vasco o Canarias retardarán o recurrirán su aplicación en lo posible,
y que la mayoría de la oposición se compromete a derogarla a la menor
oportunidad, tira por tierra cualquier atisbo de un sistema educativo estable y
duradero en décadas, como cualquiera que se precie en democracia.
Se recordará a esta ley de educación como
aquélla que no potenció las enseñanzas del futuro, como las ciencias de la
información, ni hizo pensar al eliminar la Filosofía y la Historia, o desecha
las Enseñanzas Artísticas. La que no incorporó la necesaria educación del
consumidor y financiera, dotando de formación en derechos frente a los fraudes
comerciales y financieros, en un país en donde estos proliferan. O la que obvia
una verdadera educación del ocio orientada a crear hábitos de vida saludable,
que suponga un ahorro sanitario y una mejora del bienestar social, lo que
redunda en mayor productividad pero también uso saludable del tiempo libre
frente al abismal desempleo rampante.
Por último, el aumento en becas anunciado por
Wert, choca frontalmente con las restricciones que él mismo establece para su
acceso, lo que provoca realmente que o bien unos pocos reciban mayor cantidad
en detrimento de la mayoría o que se enjuague, en realidad, con el aumento de
las tasas, por lo que no supondrá más que una puerta giratoria que retorna esos
recursos al propio estado y no permite una verdadera igualdad de oportunidades
para todos y todas, como se consagra en esta ley fallida de partida en cada
punto y cada coma.