IGNACIO SUBÍAS Mediterráneo, 23-04-2013
Desde el partido socialista, llevamos unos días en una campaña en defensa de la Autonomía Local, en defensa de nuestros pueblos. La reforma de la administración local que quiere realizar el P.P., supone un atentado contra el municipalismo y contra el valor de lo próximo, que sin duda es una de las señas de identidad de los gobiernos locales. Claramente esta reforma tiene una visión básicamente economicista, suponiendo un alejamiento de la política y aumentando la distancia entre la ciudadanía y sus políticos más cercanos, sus alcaldes y concejales.
Con todo ello, se están cargando el mundo rural, si siguen adelante no se garantizarán los servicios más sociales y supondrá una exclusión progresiva de los vecinos de los pueblos del interior y de aquellos con menos de 20.000 habitantes. Creo sinceramente que es una puntilla para el mundo rural. De persistir con este proyecto cada vez las poblaciones de estos municipios irán disminuyendo, se producirá un envejecimiento de las mismas, se unirá un sentimiento de desesperanza y solo la resistencia en defensa de sus raíces les harán seguir manteniendo sus pueblos, eso sí con una menor perspectiva de futuro y los más jóvenes se marcharán, ante la falta de perspectivas de mantener prestaciones sociales y esa sensación que con prestaciones el mundo rural merece la pena, pero sin ellas la incertidumbre es excesiva.
El P.P. tiene una visión claramente mercantilista, que no coincide con la concepción del modelo del Estado del Bienestar que defendemos los socialistas.Se cargan por otra parte la autonomía y capacidad de decidir que deben de tener los ciudadanos y que defiende la carta Europea que también firmó España. Que no quepa duda, estas modificaciones llevarán no solo a disminuir competencias en los ayuntamientos, si no también a privatizar servicios.
En fin estamos hablando de derechos, de los que deben de tener los ciudadanos para poder vivir en sus pueblos y ciudades, en función de su libre elección, pero para eso entre otras cosas se necesita algo que se llama seguridad y esta supone la existencia de servicios educativos, sociales y desde luego sanitarios, entre otros.
Quisiera recordar que se cumple ahora un año de la aprobación por parte del P.P. del RDLey denominado de sostenibilidad del sistema sanitario, que ha supuesto el mayor ataque a los derechos de los ciudadanos como usuarios del sistema sanitario, con tremendos recortes tales como exclusión de ciudadanos del sistema o los diversos copagos, que están llevando a los más desfavorecidos a una situación límite y de exclusión. Estamos asistiendo a un desmantelamiento de servicios, que afectan seriamente a todos pero de una forma especial a las zonas rurales, tales como la disminución de trasporte sanitario de urgencia, de efectivos en las urgencias, horarios de urgencias o el cambio de modelo en la recepción de los avisos en urgencias. Todo ello sin tener en cuenta la rentabilidad social y solo por motivos económicos, que llevará a problemas en la prestación de los citados servicios y recordemos que las urgencias no tienen horario, pero sí la necesidad de una respuesta rápida y eficaz, siendo evidente que estos recortes afectando a todos se ceban sobre el mundo rural.
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