JUSTICIA SOCIAL

IGNACIO SUBÍAS                                          Mediterráneo, 14-05-2013

Hace unos 3 meses escribía un artículo que titulaba “vergüenza“, en él me refería a la decisión adoptada por el gobierno Valenciano en la ley de acompañamiento de los presupuestos, en la que derogaba parte del artículo 16 de la ley 11/2003, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que garantizaba la financiación gratuita de los medicamentos y productos ortoprotésicos a los discapacitados y dependientes y por lo tanto como consecuencia a partir del 1 de febrero, comenzaba el copago correspondiente. Así mismo anunciaba la presentación de una proposición de ley, en la que se intentaba recuperar la gratuidad nuevamente de las citadas prestaciones.

El debate de la proposición se produjo el pasado día 8 de mayo y fue rechazada por los diputados del P.P., en una decisión lamentable, que pone en riesgo de exclusión a muchas personas,  precisamente a aquellas más desfavorecidas y que más necesitan de la actuación de las administraciones públicas. Creo que el P.P. no está midiendo las consecuencias de este tipo de decisiones, que por otra parte están eliminando  derechos consolidados en este caso desde hace más de diez años y que garantizaban el acceso a una atención correcta a los discapacitados.

Como consecuencia habrá familias que tendrán que pagar lo que difícilmente podrán soportar y no cumplirán correctamente los tratamientos, ni acceder a las prestaciones necesarias, pues tendrán que priorizar y en ocasiones deberán decidir entre comprar comida o gastar en medicamentos, pañales u otros productos de uso habitual en estas personas. Da la impresión de que el P.P. está tan sobrepasado que no dimensiona sus decisiones y encima en este caso inciden sobre los más necesitados. Todo ello unido a otros y diversos copagos que tendrán que soportar, así como los tremendos recortes que han provocado en las prestaciones económicas que les correspondía por aplicación de la ley de la dependencia, que el P.P se está cargando progresivamente.

No valieron ni mis argumentaciones, ni las de las asociaciones y plataformas de dependientes, que denuncian el tremendo y en ocasiones imposible esfuerzo que deberán de realizar estas familias, poniéndolas en riesgo tal y como he comentado. Si siguen por ese camino estarán excluyendo a los más desfavorecidos del sistema y de la sociedad. Les están quitando el derecho a tener una vida digna. Hace unos días en un programa de televisión, unos padres de personas discapacitadas, realizaban una amarga reflexión ante los copagos y recortes que están sufriendo, en este caso sus hijos y decían que lamentablemente tenían que pensar, si lo que estaban haciendo no sería porque estas personas, no son productivas. Créanme que escucharlo me produjo una gran desazón ,ante la tremenda y amarga reflexión.

El P.P. esta haciendo predominar intereses económicos con respecto a derechos ciudadanos. La política ha de servir para solucionar problemas a los ciudadanos y no para creárselos , como sucede en este caso. En fin, les pedimos que por dignidad, por respeto y por justicia social votaran esta justa proposición que presenté, pero lamentablemente  los diputados/as del P.P. no lo hicieron. Deberán de asumir sus responsabilidades y en cualquier caso nosotros seguiremos trabajando en defensa de los intereses de los discapacitados y dependientes.