IGNACIO SUBÍAS Mediterráneo, 26-03-2013
Según avanza el tiempo y
compruebo como se van adoptando medidas por parte de los gobiernos del P.P.,
tanto a nivel central como en el nuestro en la Comunidad Valenciana, mi
preocupación va en aumento. Con la disculpa de la crisis, a la que no están
siendo capaces de dar las respuestas adecuadas, las perspectivas de un bajo
crecimiento tanto para éste año como para el próximo, el tremendo
endeudamiento, el déficit ( recordemos que el de la Comunidad es el mayor de
las comunidades en relación al PIB ), el saber que la riqueza Valenciana se
desploma y que cada vez somos más pobres, así en el PIB per cápita del 2008 al
2012 perdido más de 1700 euros por
persona de media. Como es fácil de comprender todo ello es preocupante y
lamentablemente nuestro gobierno Valenciano esta tomando medidas
desestructuradas y en muchos casos ideológicas que están suponiendo pérdidas en
derechos progresivamente.
En sanidad además del modelo
implantado por el P.P. tras 18 años de gobierno, que nos ha llevado a estar en
una situación estructural y funcionalmente en los últimos puestos de las
comunidades Autónomas, los recortes del último año, por los que presuntamente
querían ahorrar ( recortar ) cerca de 2000 millones de euros, llevan a una
situación imposible provocando un horizonte absolutamente inestable desde el
punto de vista sanitario, que pone en peligro la universalidad, la equidad, la
solidaridad, la calidad y la cohesión social.
Empezaron en el 2012 por recortar
derechos salariales y laborales ( más de 200 millones de euros ), siguieron con
un teórico plan de ahorro-eficiencia, que supuso auténticos recortes en
derechos y prestaciones ( unos 440 millones de euros ), posteriormente
aprobaron el RD Ley 16/2012 de sostenibilidad del sistema, supone exclusión de
ciudadanos del sistema tanto de
inmigrantes sin papeles, como de Españoles mayores de 26 años que no habiendo
tenido acceso a contrato de trabajo su renta supere los 100.000 euros,
cargándose la universalidad y desde luego esta medida potencia la sanidad
privada, los seguros privados. Así mismo se han introducido todo tipo de
repagos, que pone en situación límite a muchos ciudadanos. Este RD supone unos
800 millones de euros sobre los Valencianos.
En los últimos meses encima han
excluido a los dependientes y discapacitados de la prestación gratuita de
medicamentos y productos ortoprotésicos, en una decisión injusta y carente de
valores esenciales en una sociedad, que debiera priorizar en principios de
ética pública y política. Hace tan solo unos días aprobaron un Decreto Ley que afecta a prestaciones
farmaceúticas y ortoprotésicas, sin diálogo, de dudosa legalidad, con decisiones
apresuradas y que podrán afectar negativamente a las personas, a los enfermos,
decreto ley por el que pretenden ahorrar más de 300 millones de euros. En fin
hasta llegaron a tomar una decisión por la que aquellas comunidades que no
cumplieran con el déficit ( la nuestra claramente ), se les disminuía las
subvenciones para formación de personal en temas de trasplantes. Es decir la
incompetencia de un gobierno la pagaban los profesionales y los enfermos.
Se impone un ejercicio de reflexión y es el momento de
buscar un consenso estratégico necesario, para eso el P.P. debe de cambiar el
rumbo, acabar con sus políticas divergentes en la cobertura de servicios que
excluye a los ciudadanos.
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