AMPARO MARCO Mediterráneo, 22-01-2014
En los últimos tiempos estamos asistiendo a una de las
grandes perversiones de la política. Estamos viendo cómo unos gobiernos que, en
teoría, deben dedicarse a gestionar el bienestar de la gente están amargando la
existencia de miles de personas con dependencia o con discapacidad, a los que
se les maltrata con la exigencia de más y más pagos por un servicio hasta ahora
universal del Estado del bienestar.
El copago está afectando a miles de familias, que no
pueden responder con sus niveles de renta a las nuevas exigencias de la
Generalitat. Los gobernantes de Valencia parece que se han vestido con una piel
de elefante que les hace inhumanos ante la realidad grave en la que viven las
personas más vulnerables.
La crisis no puede ser una excusa para acabar con los
grandes logros de las últimas décadas. La responsabilidad de los que tienen la
capacidad de gestionar el dinero público es establecer las prioridades para que
los que menos tienen, y los que más sufren, sean los primeros en recibir la
atención que se merecen.
Mientras Alberto Fabra
sigue dilapidando millones de euros en los fuegos de artificio de la economía
improductiva, las personas con discapacidad son castigadas a exprimir su
patrimonio, en muchos casos reducido, para pagar los platos rotos de unos
gobiernos que pasarán a la historia como insensibles y antisociales.
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