CARME SANTAMARÍA
En
enero de 1999, la Conferencia Mundial de organizaciones y redes que luchan
contra la explotación sexual y el tráfico de personas, en coordinación con la
Conferencia de Mujeres reunida en Dhaka, Bangladesh, acordaron celebrar a nivel
mundial, cada 23 de septiembre, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres,
Niños y Niñas. Esta fecha nos recuerda
el largo camino que nos queda por recorrer para erradicar esta lacra execrable
y aborrecible.
La
trata de personas constituye una violación de los derechos humanos de las
víctimas y un atentado a su dignidad e integridad, considerada como “un delito
de lesa humanidad” por la Corte Penal Internacional. Lo que se ha
venido en llamar “la esclavitud de los tiempos modernos” constituye, después
del tráfico de drogas y de armas, el negocio ilegal más lucrativo del mundo.
Los datos de las Naciones Unidas dicen que entre 4 y 5 millones de personas son
vendidas anualmente víctimas de la trata, el 80% para su explotación sexual. En los últimos años la policía ha detectado
en España a más de 4.000 víctimas de trata de seres humanos con fines de
explotación sexual. Según las estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito en Europa, solo se detecta una de cada 20
potenciales víctimas de trata con fines de explotación sexual. Es decir, en el
caso de España estaríamos hablando de ochenta mil mujeres traficadas como
esclavas sexuales.
La
trata de personas con fines de explotación sexual se acrecienta por la
desigualdad entre los géneros y la falta de igualdad de oportunidades. La
vulnerabilidad, la extrema pobreza, la exclusión social y las situaciones de
conflicto y guerra son el perfecto caldo de cultivo para las redes
internacionales dedicadas al tráfico sexual y el proxenetismo. La persona traficada, es una víctima
múltiple: de los traficantes, de sus circunstancias y de la invisibilidad y la
exclusión a las que las somete la sociedad de acogida.
A este
respecto, queremos resaltar que el Gobierno de nuestro país, aún no ha aplicado
a través de una ley integral una
directiva europea sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos
y la protección de las víctimas (Directiva 2011/36UE) . De hecho, el plazo que
tenían los estados miembros para trasponer esta directiva a las legislaciones
nacionales expiró ya el pasado 6 de abril.
Acabar con esas redes de tráfico humano, en las que el objeto del
mercadeo son personas de carne y hueso,
debe convertirse en un objetivo primordial de las administraciones
públicas, atendiendo y protegiendo a las
víctimas, luchando efectivamente contra las mafias, traficantes y proxenetas
fortaleciendo la cooperación internacional, instando a los medios de comunicación a que no se
conviertan en cómplices al contribuir con su publicidad a la explotación sexual
y, finalmente, dado que las leyes del mercado funcionan perfectamente en la
industria del sexo, sensibilizando a los
clientes de la prostitución que colaboran con su consumo a esta esclavitud
inhumana, de que la mayoría de estas mujeres y niñas NO desean ser prostituidas
y de que con su comportamiento favorecen la extorsión la explotación y la
opresión de las mismas, siendo conscientes de lo que supone esta violencia
contra la mujer y el sufrimiento que les causa vivir obligadas en esta
situación de sometimiento, humillación, vulnerabilidad y esclavitud.
No hay comentarios:
Publicar un comentario