CARME SANTAMARÍA
La Ley de la Dependencia, junto
con la Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, fomentaba la
corresponsabilidad de la vida laboral y la vida familiar de todas las personas
y apostaba por un modelo en el que las instituciones, los agentes sociales y
las políticas públicas se comprometían con el fomento de la conciliación de la
vida familiar y laboral, evitando así la feminización de la pobreza, puesto que
las dificultades para conciliar siguen siendo un lastre para el desarrollo
económico y social de las mujeres. En
España, el 83 % de las personas que cuidan a dependientes son mujeres.
La aprobación de la Ley de la Dependencia supuso un cambio importante para
estas mujeres que cuidaban en casa de algún familiar: por primera vez, se
reconocía la contribución de las mujeres al cuidado de las personas en
situación de dependencia y además el Estado se hacía cargo de sus cotizaciones
a la Seguridad Social.
El RD Ley 20/2012 de 13 de julio
del gobierno de Mariano Rajoy asestó un golpe mortal a la Ley de la
Dependencia, a la que daría el tiro de gracia la Orden 21/2012 de la
Generalitat Valenciana y que supone, en la práctica, la derogación de la Ley.
El copago en las prestaciones
hasta llegar al 90% en algunos casos y la eliminación del pago de las
cotizaciones a las cuidadoras son algunas de las consecuencias de estos
recortes. Se las priva así de la posibilidad de poder completar períodos
cotizados y tener derecho a una pensión de jubilación en el futuro,
incrementando la pobreza de las mujeres que cuidan a todas las edades y
eliminando su acceso a la tarjeta sanitaria como derecho individual. Se
perpetúa su rol de cuidadoras y se las aleja de poder acceder al mercado
laboral, volviéndolas a colocar en la dependencia económica, cuando no, en la
pobreza y en la exclusión social.
El PP ha visto en la crisis una
oportunidad de llevar a cabo para imponer su ideología más rancia y
conservadora, la del pasado, la de devolver a la mujer a su casa para encargarse
del cuidado del hogar y de los dependientes, sin reconocimiento alguno, y desde
luego, sin remuneración. El PP pretende ahora que las mujeres se hagan cargo de
realizar los trabajos que correspondería realizar a los Servicios Sociales que
ellos se han encargado de desmantelar desde todas las instituciones en las que
están instalados.
Muestran desamparo y desprecio a
los dependientes y a la labor abnegada y sacrificada de las cuidadoras.
Perjudican con sus políticas cocinadas desde cómodos y distantes despachos a
personas que no comprenden, que no saben cómo viven, que no les interesan.
Tenemos que oír declaraciones insultantes como la del mismo secretario de
Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, alegando que no podía
mantenerse el pago de la seguridad social a las cuidadoras porque “la figura
del cuidador no se recoge en el Estatuto de los Trabajadores.” Por supuesto,
que no lo está. Porque para la figura del cuidador habría que crear un nuevo
estatuto, no del trabajo, sino el de la esclavitud.
Ellas,
sobre las que se ceba este gobierno infame, son las más vulnerables y las más
frágiles, dentro de su fortaleza. La mayoría sufren del llamado “síndrome del
cuidador quedado”, una dolencia que conlleva problemas de salud física y
psíquica. Ellas sostienen un pilar imprescindible para la supervivencia humana
y que no aparece en los grandes datos macroeconómicos. Ellas, siempre
pendientes de los demás, sin esperar nada a cambio, sólo reconocimiento,
justicia social y dignidad. Los cuidados de la dependencia tienen rostro de
mujer: el de Sonia, el de Tean, el de Inés, el Palmira, el Alicia, el de Lidón,
el de Vero. El de mi madre.
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