IGNACIO SUBÍAS Mediterráneo, 26-08-2014
Una sociedad ha de regirse por
valores y si no fuera así, ha de preguntarse qué está haciendo. Así mismo
cuando se tienen que tomar ciertas decisiones, han de prevalecer concepciones
éticas. Uno en ocasiones por muchas razones, siente vergüenza ante la pasividad
o el retraso que tienen algunas administraciones a la hora de tomar decisiones
en temas importantes, excusándose en presuntas dudas de eficacia y eficiencia,
cuando en realidad son puras razones económicas, que no tienen en cuenta los
criterios éticos antes comentados, pero tampoco como en los casos que
comentaré, los de tipo clínico, avalados por profesionales que consideran
necesarias ciertas decisiones terapeúticas.
Hace unos días nos enteramos del
fallecimiento de un paciente en nuestra Comunidad con una enfermedad neoplásica
con metástasis, para la que existe la indicación de un tratamiento, que
prescribió su médico, pero que la consellería de sanidad no aprobó. Me comentan
especialistas, que los resultados son razonables y prolongan la vida del paciente.
Pues bien a pesar de ello, la Consellería no lo aceptó y el paciente como he
dicho ya ha fallecido. Creo que sobran comentarios, pero caben múltiples
reflexiones, que todas llevan a pensar que ese no puede ser el camino.
Algo parecido está ocurriendo
desde hace unos meses con tratamientos para la hepatitis c. Por cierto hace
unos cinco meses, realicé una pregunta parlamentaria en el pleno de las Cortes
Valencianas, sobre qué medidas pensaba tomar la Consellería en relación a la
aceptación de tratamientos como el sofosbubir, que puede curar al 95% de los
pacientes , en los que está indicado, dando esperanzas a un buen número de
personas que la padecen. Ciertamente el
tratamiento tiene un precio elevado, pero por eso se han de llegar a
acuerdos con los laboratorios fabricantes y desde luego crear protocolos de
acuerdo con los especialistas, para el suministro del medicamento. La respuesta
que recibí fue ambigua, espero que dado las presiones de pacientes y
profesionales, sean capaces de anteponer el derecho a la salud y responder a
las esperanzas de los pacientes y que no sería entendible que se les abandone o
retrase la posible curación.
Todo este tipo de dudas
economicistas que puede poner en riesgo la salud, produce vergüenza, ante lo
que están suponiendo los recortes que llevan a pérdida de derechos y es difícil
de intentar explicárselo a los pacientes, a los familiares o a los propios
profesionales, que tienen que trabajar entre lo que consideran que es mejor
para el paciente y las trabas que les pone la Consellería.
Si todo ello me produce vergüenza e indignación, a
otro nivel el intento de pervertir las decisiones democráticas de los
ciudadanos, sin ningún tipo de diálogo ni consenso, para que el Alcalde sea el
del partido más votado, supone una perversión de las reglas democráticas que
nos habíamos dado e intentar cambiarlas, no para mejorar el sistema, si no por
pura necesidad del P.P., que contempla una pérdida importante de votos y por lo
tanto alcaldías.