CARME SANTAMARÍA
De nuevo, 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. Este 8 de marzo nos sobran los motivos para
reivindicar nuestros derechos, que desde hace un año, y prácticamente sin que pase un solo día son
atacados por el gobierno del PP. Entre la tristeza y la indignación veo cómo
todos los pequeños pasos que durante tanto tiempo, y sobre todo en los últimos
años, habíamos ido dando las mujeres en este país, son desandados, no a
pequeños pasos, sino a grandes zancadas por un gobierno que, desde su llegada
al poder, está llevando a cabo una brutal involución ideológica escudándose en la salvaje crisis económica
que padecemos. El pasado mes de diciembre el gobierno de Mariano Rajoy
“forzaba” el cierre de la oficina de ONU Mujeres en España, testigo incómodo de
sus políticas de ataque a la mujer. Y solamente en un año, España descendía 14
puestos en el índice mundial de igualdad de género del Fondo Económico Mundial.
El desmantelamiento del Estado de bienestar supone acabar con
el principal aliado de las mujeres en el camino de la igualdad, porque nos
alivia de nuestra carga histórica: los cuidados de los niños y los mayores, que
dificultan nuestra incorporación al mercado laboral, ahora también en precario.
Las mujeres estamos sufriendo con mayor virulencia los efectos económicos de la
crisis porque veníamos de una situación de partida peor que la de los hombres.
Y la autonomía económica es un factor fundamental para la igualdad.
La reforma laboral del PP
-que hasta la fecha solo se ha traducido en destrucción masiva de empleo
y pérdida de derechos laborales-, se ceba también de manera virulenta sobre las
mujeres, que vemos cómo las empresas al descolgarse de los convenios, lo hacen
también de los planes de igualdad. El
47,5% de las personas en situación de desempleo en Castellón somos mujeres. El
desempleo, la contratación temporal, los contratos basura o los trabajos a
tiempo parcial tienen principalmente rostro de mujer. Desde el PSPV exigimos el
desarrollo de un Plan de Empleo para las mujeres, que incluya políticas activas
específicas, la promoción del autoempleo y el desarrollo de un Plan de Igualdad
de las mujeres en el empleo, dirigido a promover la igualdad y a eliminar la
desigualdad salarial, superior al 22% entre mujeres y hombres.
Por otro lado, la anunciada reforma de la Ley de Salud Sexual
y Reproductiva del ministro Gallardón amenaza con privar a las mujeres sobre el
derecho a decidir libremente sobre nuestra propia maternidad, colocándonos en
un escenario de total inseguridad sanitaria y jurídica. Una concesión más a los
sectores ultra católicos y a la derecha más reaccionaria de este país.
La insensibilidad de este gobierno con las mujeres le ha
llevado también a recortar un 27% la partida destinada a la prevención integral
contra la violencia de género de los Presupuestos Generales del Estado, así
como a suprimir las campañas de sensibilización por considerarlas un gasto “no
prioritario”. A nivel autonómico la
situación es incluso peor. La Generalitat Valenciana de Alberto Fabra ha
consignado un Fondo de Emergencia de apenas 30.000 euros, a la vez que
recortaba 1,3 millones de euros del Programa de Atención a la Familia de los
Presupuestos para 2013. El pasado 1 de octubre se producía en nuestra ciudad el
cierre de la vivienda tutelada de Castelló, la única en la provincia dirigida a
acoger a mujeres maltratadas por los impagos de la Generalitat a la empresa
concesionaria y tras adeudar doce mensualidades a sus trabajadoras. En la
actualidad, seguimos a la espera de que se adjudique la nueva concesión.
La Ley de la Dependencia, junto con la Ley de Igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, se comprometía con el fomento de la
conciliación de la vida familiar y laboral. Por primera vez, además, se
reconocía la labor impagable y abnegada de las mujeres que cuidaban en casa de
algún familiar y el Estado se hacía cargo de sus cotizaciones a la Seguridad
Social. El PP ha acabado con todo esto.
Cerca de 1.800 mujeres castellonenses tienen que pagar de sus bolsillos sus
cotizaciones –en muchos casos, superiores a la propia prestación del
dependiente -o ver truncado su derecho a completar períodos cotizados y
asegurarse una pensión de jubilación en el futuro. El PP condena a la mujer a
su papel histórico de cuidadora del hogar, trabajando sin salario y sin
reconocimiento y obstaculizando su acceso al mundo laboral.
Históricamente
todas las crisis se han resuelto de manera desigual para las mujeres. Se
cierran normalmente dando pasos atrás en las conquistas igualitarias
alcanzadas, provocando que las mujeres trabajen más que antes por menos
ingresos, o que directamente no trabajen, viendo recortadas su autonomía
personal y su libertad. Desde el PSPV –PSOE de Castelló seguiremos luchando por
la igualdad de las mujeres. Eliminar la discriminación por razón de sexo, no es
sólo una cuestión de justicia, sino también una apuesta estratégica de
desarrollo social, cultural o económico que incide muy directamente en la
calidad de nuestra democracia.
